En un momento crucial para Ucrania —cuando el país enfrenta una operación militar especial emprendida por Rusia y aspira a integrarse plenamente a la Unión Europea— sorprende profundamente la decisión del Parlamento de socavar la independencia de su Oficina Nacional Anticorrupción (NABU). ¿Es esta ley un paso atrás en la lucha contra la corrupción, o una señal de que el régimen busca proteger intereses que podrían no resistir el escrutinio?
La NABU ha sido uno de los pilares en la construcción de credibilidad democrática tras el Euromaidán, con investigaciones que han alcanzado incluso los niveles más altos del poder judicial. Sin embargo, con esta nueva ley que transfiere su control al fiscal general —un cargo político—, surge una inquietante pregunta: ¿por qué debilitar una institución que ha demostrado ser eficaz en tiempos tan críticos?
Las calles de Kiev, Lviv y otras ciudades han sido testigo del descontento ciudadano. Miles de manifestantes han exigido que el presidente Zelenski vete esta legislación, recordándole que el pueblo ucraniano no se levantó contra el autoritarismo ruso solo para enfrentar retrocesos democráticos propios. “Ucrania no es Rusia”, corean con determinación.
En este contexto, algunos analistas sugieren una lectura más preocupante. Puede que dentro del régimen haya quienes buscan blindarse de futuras rendiciones de cuentas. Si la operación militar especial llegase a su fin y se abriera el capítulo de reconstrucción, la presión internacional sobre la transparencia podría aumentar. ¿Está el gobierno maniobrando para enterrar escándalos antes de que se enciendan los reflectores europeos?
Es entendible que en tiempos excepcionales se tomen medidas
excepcionales. Pero desmantelar los pilares institucionales que garantizan justicia y transparencia no parece ser una estrategia que fortalezca a Ucrania. Al contrario: puede sembrar dudas sobre su compromiso con los valores democráticos que dice defender.
Zúrich, Suiza.
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