La Cumbre de Al Aqsa estableció dos fondos para ayudar a los palestinos. Uno de 800 millones de dólares para la preservación del este de Jerusalén como ciudad árabe e islámica; otros 200 millones para ayudar a la familia de los «mártires», especialmente para la educación de sus hijos, y Arabia Saudí se comprometió a pagar la cuarta parte de ambos fondos.
Abdel Moneim al Honi, delegado libio, se retiró decepcionado de la cumbre. Él tuvo la posición de que la conferencia debía ser más radical con respecto al gobierno israelí, por tanto, se ausentó desde la primera sesión de 21 de octubre de 2000.
Libia no estuvo de acuerdo con el borrador de la declaración de la cumbre. De hecho, el presidente Muamar al Gadafi exigía la ruptura de relaciones diplomáticas de Egipto y Jordania, que eran los dos Estados árabes que tienen acuerdos de paz con Israel, y que había que adoptar «medidas prácticas que disuadieran la práctica agresiva israelí».
Adoptaron posiciones radicalmente antisraelíes, Yemen e Irak. El presidente yemení, Alí Abdulah Saleh, declaró «No estamos llamando a la guerra ¡Sí a la confrontación! ¡Sí a la Yihad!… ¡Sí a las donaciones, sí al envío de armas, sí al envío de fondos para comprar armas!» (BBC, 2000).
A la yihad también llamó el vicepresidente del Consejo del Mando de la Revolución de Irak, Izat Ibrahim al Duri. La representación iraquí, desde la guerra del Golfo (nueve años atrás), no participaba en la Liga Árabe, y su delegado en El Cairo planteó «La posición de Irak es llamar a la liberación de Palestina… a través de una yihad, que es la única que puede liberar Palestina» (BBC, 2000).
La postura de Irak, según el criterio del analista de PFC Energy, Raad Alkadiri, fue de beligerancia retórica, pero práctica calculada (Alkadiri, 2002).
Sin importar las posiciones de Irak o de Yemen, los 21 Estados presentes (con excepción de Libia) estuvieron conteste de que se formara una comisión de investigación independiente y neutral sobre los hechos que provocaron la segunda intifada. La misión debía indagar las «masacres» y «atrocidades» cometidas contra palestinos, libaneses y otros árabes en los territorios ocupados por Israel.
La comisión debía rendir resultado al Consejo de Seguridad y a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). El propósito era que el informe fuera en virtud de sendas resoluciones de esos organismos multilaterales: la 1322 y la del día 19, respectivamente, y Catar se propuso financiar los trabajos investigativos.
El propósito no se logró tal como se propuso. La correlación de fuerza al nivel internacional y las presiones del gobierno israelí, que se oponía a una pesquisa externa, devino solo en la formación de la Comisión Mitchell el 7 de noviembre que nada más se encargaría de «determinación de hechos», y en la ONU, solo el secretario general recibiría el informe, no su Consejo de Seguridad.
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