Cuando un diplomático de carrera ocupa la Cancillería, se espera de él una cosa por encima de todas: que sepa distinguir a quién representa. Roberto Álvarez parece haber olvidado esa distinción, o quizás nunca la tuvo del todo clara.
Los hechos hablan solos. Hace apenas unos días, justo el día 18 de este mes de marzo, el Canciller convocó en Dajabón una reunión con el Embajador de Estados Unidos en Haití para coordinar el despliegue de la Gang Suppression Force (GSF), cuyo primer batallón —procedente de Chad— está previsto para el 1 de abril. La reunión fue ampliamente cubierta por la prensa dominicana. No apareció reseñada en ningún medio haitiano. Uno se pregunta para quién trabajaba ese día el Ministro de Relaciones Exteriores.
No es un episodio aislado. Es la expresión más reciente de un patrón que analistas, comentaristas, periodistas y el propio Instituto Duartiano han señalado con creciente alarma. El mismo Canciller que se reunió con el Representante Especial de la GSF para afinar su estructura y financiamiento; que garantizó el uso de infraestructura dominicana para evacuar personal de la misión; que presionó en el Consejo de Seguridad de la ONU para acelerar la transición hacia una fuerza de 5,500 efectivos —ese mismo Canciller ha sido el vocero más eficaz y más entusiasta que la causa haitiana ha tenido en años. Desde la Cancillería de la República Dominicana.
Cabe preguntarse —con toda la delicadeza que el cargo merece, pero sin eludir la pregunta— qué vínculo, afectivo o ideológico, lleva a un funcionario dominicano a asumir con tal celo una causa que su propio pueblo no le encomendó. No lo afirmo. Lo pregunto.
La historia de las intervenciones en Haití no autoriza el optimismo. La MINUSTAH, por ejemplo, dejó tras de sí violaciones, asesinatos y la introducción del cólera que mató a más de diez mil personas. Que hoy se proponga una nueva fuerza con soldados de Chad como solución a una crisis que lleva décadas agravándose merece escepticismo. Que el Canciller dominicano sea su principal facilitador merece algo más que eso.
El Instituto Duartiano alertó esta semana sobre movimientos desde instituciones del Estado que buscarían someter al país a la jurisdicción de la Corte Interamericana, en una maniobra dirigida a desmantelar los efectos de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional. Su presidente, Wilson Gómez Ramírez, denunció un flujo constante de funcionarios hacia Costa Rica y exhortó al presidente Abinader a no ceder la soberanía ante presiones externas. La pregunta que muchos se hacen es cuánto de ese flujo pasa por la Cancillería, y con qué instrucciones.
A eso se suman la justificación del canal de desvío sobre el río Masacre —que viola tratados vigentes y afecta el acceso al agua en territorio dominicano— y la polémica cesión de aguas territoriales al Reino de los Países Bajos. Tres episodios, un mismo hilo conductor: decisiones que comprometen intereses dominicanos, respaldadas por quien debería defenderlos. La cereza sobre el pastel lo representó la designación de un consejero de origen haitiano ante la ONU. Sabemos que quien firma los decretos es el Presidente, pero ni somos tontos, mucho menos ingenuos.
Un diplomático de carrera sabe que la política exterior no es filantropía y que su primera lealtad es con el Estado que lo acredita. El Instituto Duartiano lo dijo con su sobriedad habitual: la soberanía no debe ser comprometida y la crisis haitiana es responsabilidad de la comunidad internacional, no de la República Dominicana.
Un Canciller cuyas actuaciones resultan inexplicables para los dominicanos, donde quiera que se encuentren, pero perfectamente legibles para Port-au-Prince, tiene un problema de representación que ningún título diplomático resuelve. La República Dominicana merece ser la prioridad única y exclusiva de sus funcionarios, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como las relaciones con nuestro vecino más cercano.
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